La JIFE y su concepto de responsabilidad compartida

Ayer la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes publicó su informe anual 2012 (disponible también PDF en castellano).

Para quien no conozca a la JIFE, se trata de un organismo independiente y cuasi-jurídico, creado en 1968, que se encarga de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas de la ONU. Entre otras actividades, cada año publica un informe sobre la situación de las políticas de control de drogas en diferentes regiones del mundo que, desde la imparcialidad (según sus propias palabras), "trata de identificar y predecir tendencias peligrosas y sugerir las medidas necesarias que deben ser adoptadas".

El primer capítulo del Informe está dedicado a recordar a los Estados firmantes el concepto de responsabilidad compartida que "compromete a las partes a fortalecer su cooperación no solo con objeto de perseguir sus propios intereses, sino también para tener en cuenta los intereses de los demás y prestar ayuda a los que la necesiten" y que "sólo se hará efectiva cuando los Estados cumplan plenamente sus obligaciones a nivel nacional". Claramente, se trata de una respuesta de la JIFE a las crecientes críticas a las actuales políticas de drogas y a los recientes intentos en algunas partes del mundo de impulsar modificaciones a las mismas, especialmente aquellos que han buscado legislar el consumo recreativo de cannabis (EEUU). Así, recuerda los "numerosos ejemplos de instituciones regionales e internacionales que ejecutan estrategias y actividades centradas en la responsabilidad compartida en la lucha contra las drogas" (UNODC, CICAD, Unión Africana sobre Fiscalización de Drogas y Prevención del Delito, OEDT) y expone diversos ejemplos de "buenas prácticas" en materia de responsabilidad compartida "a todos los niveles": vigilancia del comercio ilícito, medidas de reducción de la demanda, medidas de reducción de la oferta y de interceptación, y cooperación judicial.

Para la JIFE, "el potencial del principio de la responsabilidad compartida no podrá hacerse plenamente realidad a menos que cada uno de los países asuma la responsabilidad de reducir la oferta y la demanda ilícitas de drogas en su propio territorio". Pero, ¿cuál es la parte de responsabilidad que atañe a la propia JIFE? Como encargada de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales, parece que ella misma se exime de responsabilidad en una eventual modificación de los mismos mientras que, por el contrario, vuelve a insistir en la aplicación de las mismas fórmulas que, no sólo son muy cuestionables en términos de efectividad y respeto a la soberanía de cada pueblo, sino que claramente producen consecuencias dramáticas tanto para los gobierno como para la ciudadanía. Además, la omisión deliberada en sus recomendaciones del impulso a la reducción de daños como estrategia que también puede ayudar al objetivo de "salvaguardar la salud pública y de mitigar los peligros que plantearán los problemas de drogas a las generaciones futuras" es un evidente signo de falta de implicación de la Junta en esa "responsabilidad compartida".

Además, una implicación mayor de la JIFE en el principio de responsabilidad compartida debería obligar a tener en cuenta las recientes evidencias de las posibles limitaciones de los propios tratados internacionales. Aunque es una cuestión aún sometida a debate, la fiscalización de estupefacientes podría no coincidir con las evaluaciones realizadas por expertos sobre la peligrosidad (y, por tanto, necesidad de fiscalización) de las diferentes sustancias (véase Nutt et al., 2007; Nutt et al., 2010), así como tampoco podría coincidir con la percepción de peligrosidad que tienen las personas que hacen uso de ellas (Carhart-Harris y Nutt, 2010; Morgan et al., 2010; van Amsterdam et al., 2010; Morgan et al., 2013). De confirmarse estos hallazgos, quedaría aún más patente que la fiscalización de estupefacientes descansa más en un posicionamiento ideológico y político que no en uno de salud pública.

Antes de reclamar responsabilidad, la JIFE debería valorar el negativo impacto de sus planteamientos en las personas cuya salud paradójicamente intenta salvaguardar, y buscar soluciones más efectivas y de menor coste en vidas y sufrimiento. Culpar sólo al narcotráfico o a la falta de implicación de los gobiernos del fracaso de las políticas sobre drogas, es un intento de ocultar una realidad innegable: que la propia JIFE comparte responsabilidad en esos costes en vidas y sufrimiento que sólo asocia a las drogas y no a las políticas por cuyo cumplimiento vela incansable.

Referencias

Carhart-Harris, R. L., y Nutt, .D. (2010). User perceptions of the benefits and harms of hallucinogenic drug use: a web-based questionnaire study. Journal of Substance Abuse, 15, 283-300.

Morgan, C.; Muetzelfeldt, L.; Muetzelfeldt, M., et al. (2010). Harms associated with psychoactive substances: findings of the UK National Drug Survey. Journal of Psychopharmacology, 24, 147-153.

Morgan, C.; Noronha, L.; Muetzelfeldt, M.; Fielding, A., y Curran, H. V. (2013). Harms and benefits associated with psychoactive drugs: findings of an international survey of active drug users. Journal of Psychopharmacology. Publicación anticipada en línea. DOI: 10.1177/0269881113477744.

Nutt, D.; King, L. A.; Saulsbury, W., et al. (2007). Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. Lancet, 369, 1047-1053.

Nutt, D.; King, L. A., y Philips, L. D. (2010). Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet, 376, 1558-1565.

van Amsterdam, J.; Opperhuizen, A.; Koeter, M., et al. (2010). Ranking the harm of alcohol, tobacco and illicit drugs for the individual and the population. European Addiction Research, 16, 202-207.